Una distancia casi insalvable

Entre tu lado y mi lado
del sofá
existe una distancia
casi insalvable.

Me estiro todo lo que puedo
con objeto de allanar tus piernas,
de apaciguar tu espalda,
para convencer
               (que venzan otros)
                              a las raíces de tu pelo,
para que sigan la dirección que deban seguir
pero teniendo en cuenta la mía.

Me estiro
(o al menos creo que lo hago)
pero mis dedos apenas avanzan
dos inútiles milímetros.

Cierro los ojos entonces
un momento.
Me ausento
-para adentro-
para ubicarme en la parte de atrás de mi cerebro,
donde todo es posible,
y allí mis miembros sí que responden
y me estiro de nuevo, un poco más.

Y cuanto vuelvo a la absurda
realidad de tu sofá
la distancia ya es insalvable;
sin el casi.


Albacete, Bankinter S.P., 05.05.2005, 14:15h

ME CASARÉ CONTIGO MAÑANA

Me casaré contigo

mañana
donde siempre suelo hacerlo;
en la cola más larga del supermercado,
en la luz de neón de mi oficina,
en las calles del barrio que con tanto amor te circunvalan.

Mañana vivirás

una nueva experiencia;
y sin saberlo,
y sin hablar,
darás el sí quiero al pan para hoy
y a la magia de los lunes por la tarde
y al dolor descontado de las noches al raso
y al querer sin contar los pasos que quedan
hasta otra carga de polvo del alma,
hasta otro porvenir de promesas cotidianas
que se deshacen con cada tormenta.
                                                                  Hoy no llueve
en esta jaula de grillos construida
con el celo de un loco
para ti.

Beberemos

del mismo tercio de cerveza
mañana,
al casarme contigo,
sin que tú lo sepas.

 

 

EL PRESUPUESTO DE TODOS

Sabemos que los partidos políticos (entre todos, no sólo el gobierno y la oposición) siempre andan a la greña por cualquier cosa. Pues bien, esta semana toca el debate parlamentario de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012.

Un presupuesto es una cantidad de dinero que se provisiona para hacer frente a los gastos de un proyecto concreto, un viaje, una celebración o simplemente para el devenir de un hogar. Si una familia ingresa dos mil euros mensuales, es lógico que elabore un presupuesto –desglosando los gastos por partidas– para ver cómo va a acometer los gastos de la casa, sabiendo que si gasta más de lo que ingresa tendrá un déficit que lastrará su economía familiar y tendrá que endeudarse.

Pues bien, esto es exactamente lo que debe hacer el gobierno de turno todos los años. Se contempla un escenario de ingresos y un escenario de gastos, y en función de lo que se va a ingresar se decide cuánto y en qué gastar. Grosso modo, el ciclo presupuestario consta de cuatro fases: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control. El Gobierno es quien elabora los presupuestos (desglosa partida a partida decidiendo cuánto se va a gastar en defensa, o en construir infraestructuras, o en la Seguridad Social), el Parlamento los aprueba, y de nuevo el Gobierno se encarga de ejecutarlos (va acometiendo los gastos en el día a día) y el Parlamento de controlarlos (fiscalizar y analizar las desviaciones producidas). En este momento nos encontramos en la fase de aprobación en el Congreso de los Diputados. Los Presupuestos, como cualquier Ley, se llevan al Parlamento y en él se pueden vetar totalmente (enmiendas a la totalidad) o parciamente (modificar artículos concretos de la Ley). Este año es previsible (vamos, seguro) que los Presupuestos sigan adelante debido a la mayoría absoluta del Partido Popular.

Lo más característico de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 es el brutal ajuste o recorte de los gastos que tiene como objetivo reducir el déficit de nuestra economía. En la teoría económica hay discrepancias a la hora de evaluar los efectos que provocan este tipo de ajustes. Economistas keynesianos argüirán que el recorte en los gastos conlleva la contracción del crecimiento económico, empeorando la situación y prolongando la crisis. Economistas neoclásicos expondrán lo contrario; esto es que la reducción del gasto contendrá el déficit y recuperará la confianza de los mercados en nuestra economía, aumentando la inversión y reactivando la economía. Esto último es lo que los mercados y la Unión Europea proponen y lo que el gobierno español parece secundar. El ministro de Hacienda defendió el proyecto de ley de los Presupuestos con el argumentario habitual del gobierno: no hay alternativa a la reducción del déficit.

Por otra parte, la oposición opina que las Cuentas Públicas que el Gobierno ha elaborado son “económicamente ineficaces y socialmente injustas”. En lo económico se alinean del lado de los mencionados keynesianos, defendiendo que los recortes excesivos en el gasto público nos conducen al círculo vicioso recortes-recesión-más recortes. En lo político opinan que la reducción de ciertas partidas de gasto redundarán en el deterioro del Estado del Bienestar, pues es precisamente el gasto público el que garantiza la igualdad y la solidaridad entre los que más y los que menos tienen.

No faltan tampoco parlamentarios que propugnan directamente que se revisen más a fondo y que se ajusten al alza ciertas partidas de ingresos, haciendo que paguen mucho más los que más tienen y manteniendo el gasto en partidas estratégicas como la educación o la sanidad.

En España además el control integral del gasto conlleva la vigilancia de éste a tres niveles: el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Muchos economistas apuntan a que buena parte de la desconfianza de los mercados hacia la economía española se debe al nivel de gasto de las autonomías, y por eso el miércoles 25 de abril se aprobó en el Parlamento el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un déficit cero para todas las administraciones públicas a partir de 2020. Esto supone establecer por ley que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el propio Estado no pueda gastar más de lo que ingresa. Eso está claro. El margen de los gestores de las finanzas públicas será menor, pero habrá que determinar en qué partidas se decide gastar más o menos y que nivel de ingresos (impuestos) estamos dispuestos a asumir para mantener nuestro Estado del Bienestar.

De momento este año toca recortes, porque vienen mal dadas y no sólo no hay que gastar lo que no se tiene, sino que se deben enmendar los errores del pasado, un pasado derrochador que nos ha puesto en el punto de mira de los mercados y ha disparado la prima de riesgo. Eso es lo que vamos a tener este año. Ya veremos si se consigue cumplir el presupuesto (recortar efectivamente no planeado) y si el sufrimiento merece la pena y nos saca –al menos un poquito, que respiremos– de la crisis.

NUESTRA PRIMA DE RIESGO

Ya llevamos, como hemos comentado en esta sección en otras ocasiones, varios años de crisis. Oficialmente tres años y medio. Hemos transitado por ella sufriendo y aprendiendo por el camino palabras y expresiones que nunca antes habíamos escuchado. Una de ellas es la prima de riesgo. La comenzamos a escuchar en los telediarios hace un par de años y desde entonces hemos seguido con temor –con ese miedo irracional que nos provocan las cosas que no entendemos muy bien– su evolución, medida en puntos básicos. Precisamente el titular de los diarios económicos en los últimos días es que la prima de riesgo ha superado los 400 puntos (básicos).

Con la prima de riesgo medimos la diferencia que existe entre la rentabilidad de la deuda de un país y la deuda de otro. Cuando los países necesitan financiación emiten deuda; es decir que buscan inversores que les presten dinero a un plazo determinado a cambio de una rentabilidad determinada. Imaginemos que Alemania necesita dinero. Podría ofrecer bonos a diez años por ejemplo al 1,00%. Supongamos también que en ese mismo momento España necesita también financiación y ofrece bonos al 4,00%. Pues bien, si yo tuviera por ejemplo 100.000 euros para invertir, podría optar por comprar bonos alemanes al 1% (obtendría 1.000€ al año durante los próximos diez años) o bonos españoles al 4% (obtendría 4.000€ al año durante los próximos diez años). Y es que la rentabilidad se suele corresponder con el riesgo, y en teoría (lamentablemente también en la práctica) la economía alemana es más fuerte que la española, y el mercado confía más en Alemania que en España a la hora de devolver su deuda y pagar los intereses de la misma.

En el ejemplo anterior, la prima de riesgo sería de 300 puntos básicos (en el argot económico, cien puntos básicos son un 1%). Eso significaría que el diferencial entre el bono español a diez años y el bono alemán a diez años es un 3%.

Estos bonos que emiten los países y que compran los inversores cotizan en mercados secundarios de deuda soberana que son bastante líquidos. Esto significa que cualquiera  puede comprar o vender en cualquier momento bonos a diez años de cualquier país, y es por ello que a diario contamos con una cotización o precio de cada uno, y así podemos compararlos. Esa cotización diaria es la que realmente se utiliza para calcular la prima de riesgo de la que hablan los medios de comunicación.

Quien tenga curiosidad por conocer las primas de riesgo de cada país con respecto a Alemania, día a día, puede consultar por ejemplo este enlace.

http://www.datosmacro.com/prima-riesgo

Con la prima de riesgo, por tanto, estamos comparando el riesgo de impago entre dos países. Por eso no podemos decir que la prima de riesgo de España es de x puntos simplemente, sino que decimos que es de x puntos con respecto a Alemania. Se toma como referencia a Alemania porque es el país más solvente de la zona Euro, y es el menor riesgo de insolvencia tiene.

Con las breves pinceladas comentadas ya podemos asegurar que el hecho de que aumente la prima de riesgo de España es un mal dato para nosotros. Lo primero y más obvio que nos pasará es que las próximas emisiones que realice el Reino de España para captar dinero en los mercados nos saldrá en principio más cara (y mucho más cara, por supuesto que a los Alemanes). Nos saldrá mucho más gravoso financiarnos, y el dinero que nos gastemos de más en pagar intereses de deudas no lo podremos destinar a otras partidas como educación, sanidad, infraestructuras y demás.

Otras consecuencias negativas que el incremento de la prima de riesgo puede tener para nuestra economía son la mayor inestabilidad de la bolsa española (suele bajar el precio de las acciones; el ejemplo lo tenemos en la evolución del IBEX 35), y la mayor dificultad de los bancos españoles para captar financiación en los mercados, que a su vez contraerá de manera sostenida el crédito a familias y empresas y se persistirá en la espiral de ralentización del consumo, incremento del paro y recesión económica (decrecimiento económico continuado).

Y es que la economía se basa en la confianza, y la prima de riesgo mide la diferencia de confianza entre países.

ME PLANTO

En consenso con mi cuerpo he decidido

no cargar con algunos trastos viejos,
desprenderme de inútiles recuerdos
y cambiarlos por otros que no han sido.

Como si ya te hubiera conocido

cuando odiaba los besos de tus perros
y el carmín en las latas de refrescos
y entraba en las parroquias, clandestino;

en las que tú no estabas, no en la tuya.
no me sirven ahora calendarios
que no tengan marcadas tus locuras.

Renegado de mí, excomulgado

de antiguas religiones tan absurdas
me quedo con tu voz. Amén. Me planto.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ

Albacete, 29 de Septiembre de 2006, 19:01h

EL COPAGO EN SANIDAD

El pasado lunes 9 de abril, el ministro de economía, el señor De Guindos, hizo unas declaraciones en la cadena SER que iniciaron un acalorado debate sobre el pago progresivo en sanidad; lo que se suele denominar copago sanitario. La frase que desató la polémica fue la siguiente:

“Yo soy de los que piensa que el copago no es la panacea en absoluto. Ahora bien, yo creo que tenemos que abrir un debate entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas y pensar si por ejemplo en la situación actual tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane cien mil euros.”

Las grandes conquistas de lo que conocemos como Estado de Bienestar son precisamente la educación y la sanidad gratuitas y universales. Quizá por eso la concatenación de hechos –las declaraciones del ministro y la comunicación por parte del gobierno de recortes adicionales de diez mil millones de euros en estas dos áreas– ha puesto muy nerviosa a buena parte de la población española. Y es que hacía pocos días que se habían dado a conocer unos apretadísimos y austeros en exceso presupuestos generales del Estado. Los insaciables mercados parecen no tener nunca suficiente.

El copago en sanidad consiste grosso modoen que el usuario pague por la sanidad. Por ejemplo, que se paguen x euros por visita al médico de cabecera o y euros por ser atendido en el servicio de urgencias. También puede consistir en pagar una cantidad fija (un euro por receta, por ejemplo) o un tanto por ciento por los medicamentos que nos recetan. En España ya tenemos copago en esto, en la medida en que pagamos un tanto por ciento del precio de los medicamentos que adquirimos por prescripción médica.

Cuando se propone establecer algún tipo de copago hay que tener claro cuál es el objetivo que se pretende conseguir, si coadyuvar a la financiación del gasto sanitario o moderar el consumo. La finalidad suele ser la segunda, ya que realmente un copago de unos pocos euros por consulta significaría un tanto por ciento muy reducido del gasto sanitario en España. Más parece ser que se busca desincentivar que saturen el sistema nacional de salud personas que realmente no necesitarían acudir en tantas ocasiones a la consulta del médico o evitar que se acumulen en casa más medicamentos “subvencionados” que los que estrictamente se necesitan.

Es esto seguramente a lo que se refiere el ministro con que el copago “no es la panacea”, pero modera el consumo y se reduce el gasto, no sólo por lo que se ingresa sino por lo que se deja de gastar. Además pone el ejemplo de un “señor que gane cien mil euros”, sugiriendo que las rentas más altas deberían pagar más (o pagar algo) por los servicios sanitarios.

Lo que plantea es razonable (que pague más el que más tiene), pero es que no parece aceptable que se diga que no hay más remedio, que la sostenibilidad del sistema sanitario español lo exige. Este tipo de medidas ponen en peligro las propias esencias de nuestro sistema, basado en la solidaridad y en la igualdad. Es posible que haya que reformar la actual participación económica del usuario en el“copago farmacéutico”, pues es a todas luces tremendamente injusto que un trabajador, aunque esté en paro o gane el salario mínimo, tenga que pagar una parte de los medicamentos, mientras que un pensionista, aunque cobre la pensión máxima, pueda acceder a los medicamentos de forma totalmente gratuita. Pero es que el gasto en sanidad es una partida más del presupuesto de los españoles, y existen alternativas a recortarlo, y son simples: recortar otras partidas de gastos o incrementar otros ingresos. Es un hecho que en este periodo de crisis el gasto en sanidad ha crecido notablemente en todos los países desarrollados, pero no parece que España tenga un consumo excesivo en materia sanitaria. Según datos del Banco Mundial, España dedicó en el año 2009 el 9,7 % del PIB a la sanidad. Dentro de la OCDE nos situamos en la media en cuanto al porcentaje de PIB que dedica a este capítulo, y siempre por debajo de países como Estados Unidos (16,2 %), Francia (11,7), Alemania (11,3), Dinamarca (11,2), Austria (11,0), Portugal (11,3), Suecia (9,9), y una larga lista más.

http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc

En el contexto actual de crisis económica se nos suele repetir a la ciudadanía que no nos podemos permitir el actual gasto sanitario, pero como hemos comentado hay alternativas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos.

Abrir el debate, como hizo el ministro el otro día, sobre si un señor que gane cien mil euros al año debe pagar por ir al médico o comprar medicamentos es sólo el principio. Veremos cómo se desarrolla todo esto en la ejecución presupuestaria y en la legislación de los próximos meses.

AMNISTÍA FISCAL: CÓMO BLANQUEAR DINERO POR UN MÓDICO 10%

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado viernes un “plan de regularización tributaria” por el que aquellos ciudadanos o empresas que no han declarado las rentas obtenidas con sus actividades profesionales o económicas, o con la venta de inmuebles o activos, pueden legalizar su situación pagando un tipo impositivo reducido del 8% o del 10% para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. Es tan sencillo como parece. Consiste en que un profesional que ha acumulado dinero negro procedente de trabajos que ha realizado en los últimos años y por los que no ha emitido factura alguna, dinero que en la actualidad puede tener en la caja fuerte de su casa, o debajo de una baldosa de su parcela, puede sacar ese dinero de ahí en ingresarlo en la sucursal de su barrio, pagando por ello sólo el 10% de impuestos. Invito a cualquiera de los lectores que trabajen por cuenta ajena a consultar sus nóminas. Seguro que aunque sean poco más que mileuristas, superarán ese 10%. También supone que las empresas que hayan desviado dinero a paraísos fiscales pueden repatriar esos fondos pagando por ello sólo un 8% (el impuesto de sociedades está en el 35%, tipo general, o 25%, tipo reducido).

Esto que explico es lo que se ha dado en llamar una amnistía fiscal. En el momento de hacer el anuncio, el ministro se mostraba un tanto incómodo y por supuesto buscó eufemismos varios para eludir la palabra amnistía, que suena muy fea (porque es muy fea). La incomodidad del ministro es perfectamente comprensible habida cuenta de lo controvertido que resulta adoptar este tipo de medidas. Una amnistía fiscal es sin duda una muestra de un fracaso de la política económica y, en concreto, de la lucha contra el fraude fiscal. Es difícil explicar a los ciudadanos que pagamos puntualmente nuestros impuestos que ahora aquellos que han ocultado a Hacienda sus rentas, van a poder aflorarlas pagando apenas un 10%, y que no tendrán sanción, ni recargo, ni intereses de demora.

La amnistía se comunicó como algo “excepcional y extraordinario” (sólo será posible llevarla a cabo hasta noviembre), y se nos planteó como una  alternativa a incrementar los impuestos indirectos como el IVA. Habría que preguntar a los ciudadanos qué es lo que prefieren, y estimar cuantitativamente cuánto se podría recaudar con una y con otra medida.

En la historia de la democracia española se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal. Lo hicieron gobiernos socialistas de Felipe González, en 1984 siendo ministro con Miguel Boyer y en 1991 con Carlos Solchaga. También en las últimas décadas, otros países de todo el mundo han aprobado medidas de perdón fiscal más o menos parecidas. Por lo general, los resultados han sido inferiores a los esperados; es decir que no afloró todo el dinero que los gobiernos habían estimado.

Con esta amnistía fiscal del ministro Montoro, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones. Esto significaría que aparecerían o se blanquearían unos 25.000 millones de euros. Cabe recordar en este punto que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, la economía sumergida se cifra en el 24% del PIB de España, que supondría un montante de unos 250.000 millones de euros.

La previsión del gobierno es por tanto comedida, pero aun así todo parece indicar que los resultados serán inferiores a los esperados. Es más probable que sea el pequeño defraudador ocasional el que acuda a la regularización, en mucha mayor medida que los individuos que sistemáticamente incumplen sus obligaciones fiscales o grandes defraudadores, que son los que mantienen el grueso de esta masa de dinero negro. La idea es buena, la posibilidad de blanquear dinero que en la actualidad se tiene escondido y que se tiene que ir gastando poco a poco o emplearlo en operaciones clandestinas, pero existen inconvenientes. El primero es que hay que pagar. Poco, pero hay que pagar. El defraudador es insolidario y odia pagar impuestos, por eso defrauda. Así que pagar el 10% de lo que ha ganado y es “suyo” le duele infinitamente, y puede preferir seguir como hasta ahora con tal de no dar su parte –aunque sea mínima– a la Hacienda Pública. Por otra parte, y aunque el ministro anunciaba que será una “declaración confidencial”, el defraudador teme que se le incluya en una lista que la Agencia Tributaria pueda tener en cuenta en un futuro. Porque el defraudador profesional piensa seguir haciéndolo, y no le interesa figurar en ningún listado.

Está claro que la motivación principal del gobierno es la obtención de incrementos recaudatorios inmediatos, además de conseguir aumentar los listados de contribuyentes que habitualmente no cumplían sus obligaciones tributarias. Una vez más una visión cortoplacista que no tiene en cuenta los efectos negativos que estas medidas puedan tener sobre el cumplimiento futuro de los individuos normalmente honestos que pagan sus impuestos. Y es que además puede surgir una tentación de ahora en adelante por parte de muchos individuos de dejar de pagar sus deudas fiscales esperando el momento en que una nueva regularización establezca unas condiciones más ventajosas.

Ya que no se va a poder hacer nada para cambiar esta decisión del gobierno de España, esperemos al menos como único consuelo que en esta ocasión la medida –reprobable desde el punto de vista ético– sirva  al menos para incrementar la recaudación. Y ojalá gobiernos futuros no vuelvan a aprobar amnistías fiscales que premien a los defraudadores y se dediquen a perseguir realmente el fraude fiscal, dotando de medios a la Agencia Tributaria y educando a los ciudadanos en la cívica costumbre de pagar impuestos de manera progresiva, es decir cada cual según su capacidad.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA HUELGA GENERAL

Éste es un espacio económico, y por tanto no vamos a entrar en la discusión de la pertinencia o no de la huelga general que las organizaciones sindicales han convocado para el 29 de marzo. Sería una cuestión política, y en este espacio lo que queremos analizar son los efectos que puede provocar en la economía española. Buscamos determinar cuánto nos va a costar la huelga general.

Cualquier economista convencional comenzaría diciendo que las huelgas reducen el Producto Interior Bruto (PIB). Si perdemos un día de actividad económica en el país por huelga, caerá el producto por trabajador; esto es, se producirá menos. Haciendo grandes números, podríamos estimar lo que se deja de producir dividiendo el PIB español de un año (1,073 billones de euros) entre el número de jornadas laborales que tendrá este 2012 (unos 250 días). Este sencillo cálculo arrojaría una pérdida para la economía española de 4.275 millones de euros. Bien es cierto que no todos los trabajadores del país van a secundar la huelga. Si estimamos que un 50% de los trabajadores acudan a trabajar y el otro 50% no lo haga, estaríamos hablando de unos 2.137 millones de euros.  

Esos 2.137 millones de euros suponen un 0,20% del PIB, si bien habría que realizar un par de ajustes. El primero de ellos es que en realidad no se suele perder un día entero de trabajo, ya que en muchas ocasiones los empleados sacan adelante en días anteriores o posteriores parte del trabajo que deberían haber realizado el día de la huelga general. El segundo sería tener en cuenta el ahorro de costes que supone para las empresas pagar un día menos de salario a todos los empleados que secundan la huelga. Tras algunos ajustes como éstos, grosso modo, utilizando simplemente una hoja de cálculo, la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y un poco de imaginación, podríamos cuantificar el quebranto económico de este día de huelga general en bastante menos de los 1.000 millones de euros que estima la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), aproximadamente un 0,10% del PIB. Como curiosidad, esa cifra es muy similar a la suma de los ingresos anuales del Real Madrid y el F.C. Barcelona.

Por otra parte, no tenemos que quedarnos solamente con ese dato. Algunos economistas consideran que a corto o medio plazo las huelgas generales pueden ser beneficiosas para el conjunto de la economía. Si la convocatoria consigue alterar de algún modo el reparto de rentas por parte de los empresarios, la economía se vería beneficiada por una demanda más fuerte (trabajadores con mayores salarios y por tanto mayor capacidad de compra) y por unos trabajadores que serían más productivos como consecuencia de tener empleos más estables y de mejor calidad.

Por desgracia es muy complicado cuantificar el quebranto para la economía de esta jornada de huelga general, y aún más complicado conciliar las posiciones de los que opinan que el efecto neto sobre la economía es positivo a medio plazo y los que opinan lo contrario, y tendríamos que enfrascarnos en un acalorado debate ideológico.

Sin duda es bastante más sencillo (y desde luego más evidente, ya que minora la siguiente nómina) determinar cuánto le cuesta al bolsillo de cada uno de los asalariados que secunden la huelga este día de protesta. La huelga libera al empresario de la obligación de abonar el salario al personal huelguista del día o de las horas de huelga. La suspensión del contrato libera de ambas obligaciones, la de trabajar y, claro está, la de remunerar el trabajo. La retribución que se descuenta por cada día de huelga comprende el salario de la jornada no trabajada, teniendo en cuenta la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias y la parte proporcional correspondiente a la retribución del descanso semanal del período en que se haya producido la huelga. En cuanto a la cotización a la Seguridad Social, se suspende la obligación de cotizar, tanto para el empresario como para el trabajador.

En dinero contante y sonante, ¿cuánto supondría?. En este país tan peculiar distintas empresas aplicarán sin duda métodos de cálculo distintos, pero la doctrina general será dividir el salario bruto anual entre los días laborables del año. Para un empleado medio que gane 1.000€ netos al mes en catorce pagas (unos 18.000€ brutos al año), dividiríamos 18.000€ entre 250 días laborables del año, con lo que el coste del día nos saldría 72€. Añadiendo la parte proporcional de las vacaciones, la factura se nos iría a unos 80€. Además, perderíamos la cotización a la Seguridad Social que la empresa realizaría por nosotros ese día, es decir unos 25 euros más. Que cada uno calcule proporcionalmente cuál sería su propio quebranto.

Dejando aparte disertaciones de carácter político, y recordando lo que hemos mencionado sobre que la producción que se pierde ese día será en buena medida recuperada en jornadas posteriores (el trabajo hay que sacarlo), el que económicamente pierde en el corto plazo es sin duda el trabajador. Veremos qué pasa en el incierto medio plazo, pero ya os anticipo que en este sistema económico en el que nos desenvolvemos siempre acaban perdiendo los mismos.

¿SON UN CASINO LOS MERCADOS FINANCIEROS?

Para comenzar a hablar sobre el tema, tendríamos que aclarar qué son los mercados financieros y por qué hay quienes los asimilan a simples casinos.

Todos solemos manejar con mayor o menor soltura –y en nuestros días con mucha frecuencia– la palabra financiero, y conviene echar mano del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), que lo define muy bien.

financiero, ra. (Del fr. financier). 1. adj. Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles.

Parece por tanto que lo financiero hace referencia a lo bancario, a la bolsa, a las grandes corporaciones empresariales o multinacionales.

También sabemos que un mercado es un espacio donde se compran y se venden bienes y servicios, así que podríamos definir los mercados financieros como unos espacios donde los agentes económicos intercambian activos financieros. Esos agentes económicos, en principio, somos todos; todos los que tienen alguna cantidad de dinero (por pequeña que sea) depositada en un banco, o en un fondo de inversión, o en acciones de cualquier empresa. Lo que sucede es que no todos los agentes somos iguales, sino que tendrán más fuerza aquéllos que más recursos posean. Y los que más activos acumulan en el sistema no son los particulares, sino las grandes corporaciones. Así que, ¿quiénes son los mercados?. Los bancos, los fondos de inversión, las multinacionales.

Una persona que deposita tres mil euros a plazo fijo en la sucursal de un banco en Albacete, o que invierte quinientos euros en acciones de REPSOL YPF a través de internet, está inyectando un dinero con el que esos agentes económicos (el banco y la empresa) van a realizar intrincadas operaciones financieras a nivel planetario. Operaciones que al común de los mortales se les escapan, y que alcanzan una ingeniería que ríase usted del acelerador de partículas de Ginebra.

La comparación de los mercados financieros con los casinos se debe a que los casinos son espacios donde la gente va con dinero a practicar juegos de azar, y los movimientos especulativos de los capitales en los mercados financieros internacionales han demostrado no responder a ningún tipo de lógica. Más aún son movimientos erráticos, azarosos. Las crisis periódicas de nuestra globalizada economía capitalista son una buena prueba de esto. Y es que los economistas neoliberales nos han intentando convencer de que los mercados son muy inteligentes y se autoregulan sin necesidad de intervención externa a los mismos (sin necesidad de los Estados), pero en la actualidad son los Estados –a través del Banco Central Europeo, por ejemplo– los que están posibilitando recuperar el sistema.

Igualar o asimilar casinos a mercados puede resultar un poco frívolo para algunos, pero pensemos en ello. Si uno se echa a la cartera mil euros y se mete en el casino, sabe que puede salir habiendo multiplicado por diez lo invertido o –lo que es más probable– volver a casa sin un solo euro. En los diversos juegos del casino (ruleta, cartas, máquinas recreativas) hay reglas, con lo que cada cual sabe a qué atenerse; se trata por tanto de un mercado regulado. Además hay quien vigila o controla a los jugadores, con lo que el mercado, además de estar regulado, se encuentra sujeto a una supervisión. La regulación de los mercados financieros es bastante laxa, ya que casi toda operación (hasta la más especulativa) es posible, y las reglas pueden cambiar sobre la marcha en cualquier momento, y en cuanto a la supervisión, un mercado globalizado es incontrolable para los Estados individualmente, y los organismos internacionales que se encuentran por encima de los Estados y las agencias de calificación crediticia han demostrado que no controlaban demasiado.

La crisis en la que nos encontramos desde septiembre de 2008 tiene mucho que ver con los mercados financieros; más exactamente con la separación entre los mercados financieros (economía financiera) y la economía real. La economía real es, para entendernos, la tangible. Se refiere a las transacciones de bienes y servicios no financieros. Hablamos de la fábrica de calzado o de automóviles, o de la panadería de la esquina. Hablamos del noventa y tantos por ciento de empresas españolas que son PYMES (pequeñas y medianas) y de las familias, cuyo principal y común problema hoy por hoy es la falta de financiación. El dinero que reclaman estos pequeños agentes económicos para producir bienes y servicios y pagar a sus empleados y consumir productos, esa financiación para tomar un poco de aire y seguir adelante, es la que deberían proveer los mercados. Sin embargo, esa liquidez (como el medio billón de euros que el Banco Central Europeo le prestó a los bancos el mes pasado al 1%) se utiliza para muchas otras cosas, pero no para financiar a la economía real.

Y es que los mercados financieros, pese a que su función principal sería financiar a la economía real, han adquirido una vida propia. Han pasado de ser un instrumento para convertirse en un fin en sí mismos, y sus veleidades nos han arrastrado y empobrecido a todos. Y todos deberíamos exigir a Estados y a organismos internacionales su regulación y su supervisión.

LA DACIÓN EN PAGO

La dación en pago es un procedimiento que consiste en la cancelación de una o varias deudas, mediante la entrega de uno o varios bienes, mobiliarios o inmobiliarios. Se trata de una negociación entre el deudor particular y la entidad bancaria, cuya conclusión se plasmará en escritura pública de dación en pago ante Notario.

Cuando un deudor no puede hacer frente al pago de la hipoteca, antes de que la situación se deteriore y la deuda pendiente aumente de manera desmedida debido a intereses de demora y gastos de la reclamación judicial de la deuda, puede acordar con su banco la entrega de la vivienda a cambio de la deuda. El cliente se queda sin vivienda y sin deuda, y el banco se da por pagado. Esta situación es más deseable que la del que no puede hacer frente al pago de la hipoteca y tras un procedimiento judicial y una subasta de la vivienda que quede desierta, el banco se adjudica el bien por el 60% de su valor de tasación, con lo que el hipotecado se puede quedar sin casa y debiendo todavía dinero al banco.

Un ejemplo sencillo. Supongamos que compramos en 2008 una vivienda que nos costó 200.000€. El banco la tasó en 250.000€, y nos dieron una hipoteca de 200.000€ (el 100% de lo que nos costó). Si a día de hoy debemos 185.000€ y no podemos pagar, el banco iniciará una reclamación judicial. En el momento de la ejecución, es fácil que entre intereses de demora, costas y gastos la deuda que tengamos con el banco ascienda a unos 210.000€. Si la vivienda finalmente es subastada y la subasta queda desierta, el banco se la podrá adjudicar por el 60% de la tasación, esto es 150.000€. La entidad bancaria entenderá que al quedarse la vivienda ha recibido 150.000€, y la diferencia entre esa cantidad y los 210.000€ que le debemos (60.000€) se los seguiremos debiendo, respondiendo de esa deuda con nuestros bienes presentes y futuros.

Los embargos –y los posteriores desahucios– son consecuencia de la situación de insolvencia que sufren en nuestro país cientos de miles de personas. Esta realidad, debería ser un objetivo prioritario para el Estado, por el drama humano que supone la pérdida del empleo y de la vivienda. Esta situación llega al paroxismo cuando las personas, tras perder su vivienda habitual, continúan siendo deudores perpetuos del banco, condenados a la economía sumergida y precipitándose sin remedio al abismo de la exclusión social.

Así las cosas, la dación en pago se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de distintos colectivos, más activos en sus reivindicaciones desde el 15-M. Lo que sucede es que los bancos aplican esta medida de manera potestativa, no estando de ningún modo obligados a ello. La Ley Hipotecaria y las propias escrituras de préstamos hipotecarios que todos los hipotecados han firmado ante notario les amparan en este sentido.

Por eso fue noticia que el gobierno anunciara en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2012 las vías establecidas en el código de buenas prácticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca. Este código establece que las familias que se encuentren “en el umbral de exclusión” se podrán acoger a las medidas de refinanciación. Esto supone una serie de pasos, comenzando por una reducción de la cuota, un alargamiento del plazo y en el caso más extremo posibilitará acogerse a la dación en pago.

El código de buenas prácticas está preñado de buenas intenciones, pero parece que su efectividad va a ser relativa. Este código sólo se aplicará a las hipotecas inferiores a 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde afectará a los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. La mayor parte de las hipotecas (exceptuando las de protección oficial y pocas más) superan estos exiguos límites. Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que sólo se posea una vivienda.

Además, habrá bancos –desconocemos si muchos– que se adhieran a este código, pero habrá otros que no. Algunos esperamos ansiosos esa lista de entidades bancarias “solidarias".

Siendo mal pensados, podríamos sugerir que este código es sólo apariencia, una forma de mostrar comprensión sobre el problema de los embargos y los desahucios en este país, pero no una solución. Este drama no se puede dejar en manos de la voluntad de los bancos, sino que debe abordarse con modificaciones legislativas que posibiliten que de ahora en adelante cada préstamo hipotecario que se firme se haga con la única responsabilidad del inmueble hipotecado y con políticas sociales que protejan a los que ya se han quedado en la calle y aún siguen “hipotecados”.

Y si realmente se quiere forzar a la banca a ser más flexible con los impagos en las hipotecas, quizá se debería incentivar (tal vez fiscalmente) a las entidades financieras que ofrezcan soluciones alternativas a la ejecución y posterior desahucio y no simplemente sugerirles que “tengan sensibilidad social”.

En cualquier caso, nos corresponde a todos como ciudadanos exigir al Estado políticas que atenúen la exclusión social y como consumidores de servicios financieros demandar a las entidades bancarias que arrimen el hombro y ofrezcan alternativas a los que coyunturalmente son insolventes a las ejecuciones y los embargos.