AMNISTÍA FISCAL: CÓMO BLANQUEAR DINERO POR UN MÓDICO 10%

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado viernes un “plan de regularización tributaria” por el que aquellos ciudadanos o empresas que no han declarado las rentas obtenidas con sus actividades profesionales o económicas, o con la venta de inmuebles o activos, pueden legalizar su situación pagando un tipo impositivo reducido del 8% o del 10% para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. Es tan sencillo como parece. Consiste en que un profesional que ha acumulado dinero negro procedente de trabajos que ha realizado en los últimos años y por los que no ha emitido factura alguna, dinero que en la actualidad puede tener en la caja fuerte de su casa, o debajo de una baldosa de su parcela, puede sacar ese dinero de ahí en ingresarlo en la sucursal de su barrio, pagando por ello sólo el 10% de impuestos. Invito a cualquiera de los lectores que trabajen por cuenta ajena a consultar sus nóminas. Seguro que aunque sean poco más que mileuristas, superarán ese 10%. También supone que las empresas que hayan desviado dinero a paraísos fiscales pueden repatriar esos fondos pagando por ello sólo un 8% (el impuesto de sociedades está en el 35%, tipo general, o 25%, tipo reducido).

Esto que explico es lo que se ha dado en llamar una amnistía fiscal. En el momento de hacer el anuncio, el ministro se mostraba un tanto incómodo y por supuesto buscó eufemismos varios para eludir la palabra amnistía, que suena muy fea (porque es muy fea). La incomodidad del ministro es perfectamente comprensible habida cuenta de lo controvertido que resulta adoptar este tipo de medidas. Una amnistía fiscal es sin duda una muestra de un fracaso de la política económica y, en concreto, de la lucha contra el fraude fiscal. Es difícil explicar a los ciudadanos que pagamos puntualmente nuestros impuestos que ahora aquellos que han ocultado a Hacienda sus rentas, van a poder aflorarlas pagando apenas un 10%, y que no tendrán sanción, ni recargo, ni intereses de demora.

La amnistía se comunicó como algo “excepcional y extraordinario” (sólo será posible llevarla a cabo hasta noviembre), y se nos planteó como una  alternativa a incrementar los impuestos indirectos como el IVA. Habría que preguntar a los ciudadanos qué es lo que prefieren, y estimar cuantitativamente cuánto se podría recaudar con una y con otra medida.

En la historia de la democracia española se ha aprobado dos veces la amnistía fiscal. Lo hicieron gobiernos socialistas de Felipe González, en 1984 siendo ministro con Miguel Boyer y en 1991 con Carlos Solchaga. También en las últimas décadas, otros países de todo el mundo han aprobado medidas de perdón fiscal más o menos parecidas. Por lo general, los resultados han sido inferiores a los esperados; es decir que no afloró todo el dinero que los gobiernos habían estimado.

Con esta amnistía fiscal del ministro Montoro, que finaliza el 30 de noviembre, el Gobierno confía en recaudar 2.500 millones. Esto significaría que aparecerían o se blanquearían unos 25.000 millones de euros. Cabe recordar en este punto que, según la Fundación de las Cajas de Ahorro, la economía sumergida se cifra en el 24% del PIB de España, que supondría un montante de unos 250.000 millones de euros.

La previsión del gobierno es por tanto comedida, pero aun así todo parece indicar que los resultados serán inferiores a los esperados. Es más probable que sea el pequeño defraudador ocasional el que acuda a la regularización, en mucha mayor medida que los individuos que sistemáticamente incumplen sus obligaciones fiscales o grandes defraudadores, que son los que mantienen el grueso de esta masa de dinero negro. La idea es buena, la posibilidad de blanquear dinero que en la actualidad se tiene escondido y que se tiene que ir gastando poco a poco o emplearlo en operaciones clandestinas, pero existen inconvenientes. El primero es que hay que pagar. Poco, pero hay que pagar. El defraudador es insolidario y odia pagar impuestos, por eso defrauda. Así que pagar el 10% de lo que ha ganado y es “suyo” le duele infinitamente, y puede preferir seguir como hasta ahora con tal de no dar su parte –aunque sea mínima– a la Hacienda Pública. Por otra parte, y aunque el ministro anunciaba que será una “declaración confidencial”, el defraudador teme que se le incluya en una lista que la Agencia Tributaria pueda tener en cuenta en un futuro. Porque el defraudador profesional piensa seguir haciéndolo, y no le interesa figurar en ningún listado.

Está claro que la motivación principal del gobierno es la obtención de incrementos recaudatorios inmediatos, además de conseguir aumentar los listados de contribuyentes que habitualmente no cumplían sus obligaciones tributarias. Una vez más una visión cortoplacista que no tiene en cuenta los efectos negativos que estas medidas puedan tener sobre el cumplimiento futuro de los individuos normalmente honestos que pagan sus impuestos. Y es que además puede surgir una tentación de ahora en adelante por parte de muchos individuos de dejar de pagar sus deudas fiscales esperando el momento en que una nueva regularización establezca unas condiciones más ventajosas.

Ya que no se va a poder hacer nada para cambiar esta decisión del gobierno de España, esperemos al menos como único consuelo que en esta ocasión la medida –reprobable desde el punto de vista ético– sirva  al menos para incrementar la recaudación. Y ojalá gobiernos futuros no vuelvan a aprobar amnistías fiscales que premien a los defraudadores y se dediquen a perseguir realmente el fraude fiscal, dotando de medios a la Agencia Tributaria y educando a los ciudadanos en la cívica costumbre de pagar impuestos de manera progresiva, es decir cada cual según su capacidad.