EL PRESUPUESTO DE TODOS

Sabemos que los partidos políticos (entre todos, no sólo el gobierno y la oposición) siempre andan a la greña por cualquier cosa. Pues bien, esta semana toca el debate parlamentario de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012.

Un presupuesto es una cantidad de dinero que se provisiona para hacer frente a los gastos de un proyecto concreto, un viaje, una celebración o simplemente para el devenir de un hogar. Si una familia ingresa dos mil euros mensuales, es lógico que elabore un presupuesto –desglosando los gastos por partidas– para ver cómo va a acometer los gastos de la casa, sabiendo que si gasta más de lo que ingresa tendrá un déficit que lastrará su economía familiar y tendrá que endeudarse.

Pues bien, esto es exactamente lo que debe hacer el gobierno de turno todos los años. Se contempla un escenario de ingresos y un escenario de gastos, y en función de lo que se va a ingresar se decide cuánto y en qué gastar. Grosso modo, el ciclo presupuestario consta de cuatro fases: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control. El Gobierno es quien elabora los presupuestos (desglosa partida a partida decidiendo cuánto se va a gastar en defensa, o en construir infraestructuras, o en la Seguridad Social), el Parlamento los aprueba, y de nuevo el Gobierno se encarga de ejecutarlos (va acometiendo los gastos en el día a día) y el Parlamento de controlarlos (fiscalizar y analizar las desviaciones producidas). En este momento nos encontramos en la fase de aprobación en el Congreso de los Diputados. Los Presupuestos, como cualquier Ley, se llevan al Parlamento y en él se pueden vetar totalmente (enmiendas a la totalidad) o parciamente (modificar artículos concretos de la Ley). Este año es previsible (vamos, seguro) que los Presupuestos sigan adelante debido a la mayoría absoluta del Partido Popular.

Lo más característico de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 es el brutal ajuste o recorte de los gastos que tiene como objetivo reducir el déficit de nuestra economía. En la teoría económica hay discrepancias a la hora de evaluar los efectos que provocan este tipo de ajustes. Economistas keynesianos argüirán que el recorte en los gastos conlleva la contracción del crecimiento económico, empeorando la situación y prolongando la crisis. Economistas neoclásicos expondrán lo contrario; esto es que la reducción del gasto contendrá el déficit y recuperará la confianza de los mercados en nuestra economía, aumentando la inversión y reactivando la economía. Esto último es lo que los mercados y la Unión Europea proponen y lo que el gobierno español parece secundar. El ministro de Hacienda defendió el proyecto de ley de los Presupuestos con el argumentario habitual del gobierno: no hay alternativa a la reducción del déficit.

Por otra parte, la oposición opina que las Cuentas Públicas que el Gobierno ha elaborado son “económicamente ineficaces y socialmente injustas”. En lo económico se alinean del lado de los mencionados keynesianos, defendiendo que los recortes excesivos en el gasto público nos conducen al círculo vicioso recortes-recesión-más recortes. En lo político opinan que la reducción de ciertas partidas de gasto redundarán en el deterioro del Estado del Bienestar, pues es precisamente el gasto público el que garantiza la igualdad y la solidaridad entre los que más y los que menos tienen.

No faltan tampoco parlamentarios que propugnan directamente que se revisen más a fondo y que se ajusten al alza ciertas partidas de ingresos, haciendo que paguen mucho más los que más tienen y manteniendo el gasto en partidas estratégicas como la educación o la sanidad.

En España además el control integral del gasto conlleva la vigilancia de éste a tres niveles: el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Muchos economistas apuntan a que buena parte de la desconfianza de los mercados hacia la economía española se debe al nivel de gasto de las autonomías, y por eso el miércoles 25 de abril se aprobó en el Parlamento el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un déficit cero para todas las administraciones públicas a partir de 2020. Esto supone establecer por ley que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el propio Estado no pueda gastar más de lo que ingresa. Eso está claro. El margen de los gestores de las finanzas públicas será menor, pero habrá que determinar en qué partidas se decide gastar más o menos y que nivel de ingresos (impuestos) estamos dispuestos a asumir para mantener nuestro Estado del Bienestar.

De momento este año toca recortes, porque vienen mal dadas y no sólo no hay que gastar lo que no se tiene, sino que se deben enmendar los errores del pasado, un pasado derrochador que nos ha puesto en el punto de mira de los mercados y ha disparado la prima de riesgo. Eso es lo que vamos a tener este año. Ya veremos si se consigue cumplir el presupuesto (recortar efectivamente no planeado) y si el sufrimiento merece la pena y nos saca –al menos un poquito, que respiremos– de la crisis.