EL RESCATE DE LOS BANCOS: LOS CASOS DE CCM Y DE LA CAM

Tanto en ciertos sectores de la sociedad –más activos tras el 15-M– como en la calle, uno de los temas recurrentes es el del rescate a los bancos en dificultades tras la crisis financiera de 2008. Se critica que se rescate a los bancos con dinero público, con dinero que es de todos. ¿Es así realmente?. ¿Se gasta dinero público para rescatar a los bancos?. Pues, tal y como contestaremos muchas otras veces en esta sección, la respuesta es sí, pero con matices.

La respuesta es sí porque el Estado ha intervenido a través de diversos canales de financiación en los problemas de solvencia de la banca. Es cierto que las entidades financieras españolas no estuvieron afectadas por activos tóxicos (hipotecas sub-prime norteamericanas) ni ha existido un problema de solvencia generalizada, pero los ecos de la crisis financiera internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española ha llevado a algunas entidades a situaciones críticas, como en los casos de CCM y CAM. Ante esta situación de riesgo de insolvencia, el Estado ha rescatado a estas entidades buscándoles una solución.

Las matizaciones se deben al modo en el que el Estado ha intervenido. Para empezar, el Estado no ha gastado dinero público, sino que ha utilizado dinero público que va a recuperar, y además con intereses.

En el momento del rescate de Caja Castilla La Mancha (CCM) aún no existía el FROB (se creó posteriormente), así que se utilizó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La entidad manchega recibió en un principio 1.300 millones de euros para reforzar su solvencia, antes de adjudicarla a Cajastur. Y ese dinero no era a fondo perdido, sino que tendría que ser devuelto con intereses.

Posteriormente, y como reacción del Estado a la crisis bancaria, se creó el famoso FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que es un fondo (una cantidad de dinero) gestionado por representantes del Ministerio de Economía y del Banco de España. El origen de estos fondos es público. Se trata de dinero principalmente procedente de los Presupuestos Generales del Estado, así como del endeudamiento del propio FROB. Con este Fondo se tendría que afrontar la reestructuración del sistema financiero y el rescate de bancos con problemas de solvencia.

El empleo del FROB puede considerarse un uso indebido de dinero público, pero no un gasto público. Ahí radica la diferencia. A los bancos se les ayuda porque se asegura que la estabilidad del sistema financiero es vital para el buen desenvolvimiento de las Economías. Cuando una empresa quiebra, se liquida y se reparte entre sus acreedores, algunos de los cuales se pueden quedar sin cobrar. Si un banco quiebra y se liquida, habría acreedores que se quedarían sin cobrar; esto es depositantes. Ahorradores que han depositado en la entidad sus ahorros.

En cuanto al caso de CAM, directamente van a ser los bancos españoles (y no el Estado; los contribuyentes) los que soporten el coste del rescate. Cuando CAM fue intervenida por el Banco de España en el verano de 2011, se le inyectaron 2.800 millones de euros que procedían del FROB antes mencionado, pero cuando finalmente se decidió adjudicar CAM al Banco Sabadell, el Gobierno estableció la condición de que todo el dinero que costase el reflote de CAM lo aportaría el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un fondo al que contribuyen todas las entidades de crédito que operan en este país. La compra de la CAM por parte del Banco Sabadell supondrá de este modo una factura para el conjunto de la banca española aún por determinar, factura que no pagará el Estado con el fin de no incrementar el déficit público.

Por tanto, ni el rescate de CCM ni el de CAM le han costado –hasta el momento– un euro al contribuyente. Eso sí, se ha utilizado en algún momento del proceso dinero del Estado, financiación que al pequeño (o grande) empresario y por supuesto a los particulares se les niega de manera sistemática desde hace ya casi cuatro años.

A estas ayudas que se le prestan a los bancos y a otros agentes económicos no, hay que sumar además la política macroeconómica del Banco Central Europeo, con sus inyecciones de liquidez como la del pasado miércoles 29 de febrero. En esa fecha, el Banco Central inyectó a los Bancos de la UE 529.500 millones de euros (más de la mitad del PIB español), un dinero que los bancos tendrán que devolver en un plazo de tres años al 1% de interés.

¿Se imaginan que alguien les prestara todo el dinero que pidiesen, asumiendo el compromiso de devolverlo en tres años al 1%, o que ante el riesgo de quiebra de su empresa hubiera un fondo –de empresarios o del Estado, da igual– que les inyectara todo el dinero necesario para seguir adelante?. Pues sí, ésos son algunos de los privilegios de la banca.